En el tramo final de la campaña con miras a las Elecciones Generales 2026, las organizaciones políticas enfrentan una de las obligaciones más relevantes: la rendición de cuentas sobre su financiamiento. Se trata de un requisito legal que busca transparentar los ingresos y gastos de campaña, en un contexto en el que la fiscalización cobra especial importancia por el volumen de recursos movilizados.Deacuerdoconelportalclaridad de la ONPE, revisado por RPP, al cierre del 20 de marzo solo 9 de las 36 planchas presidencialesinscritascumplieron con presentar su primer informe financiero. Esa fecha correspondía al plazo límite inicialmente establecido por el organismo electoral. Sin embargo, ante el incumplimiento de 27 agrupaciones, la ONPE dispuso una ampliación excepcional del plazo hasta el 27 de marzo, con el objetivo de facilitar la entrega de la información pendiente.
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