Una serie de normas del Congreso, catalogadas de irresponsables, como la que otorga beneficios laborales a los trabajadores públicos del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), tienen en vilo la economía del país y ha desatado los constantes reclamos de entidades técnicas como el Consejo Fiscal. Ante ello, el pasado 28 de enero, la entonces ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, informó que se estaba elaborando una estrategia para identificar cuáles son las leyes que estarían generando mayor costo fiscal y el Poder Ejecutivo acudiría al Tribunal Constitucional (TC) para frenarlas.Incluso, el último 5 de marzo, Miralles, como premier, conversó con la presidenta de esta instancia, Luz Pacheco, para revisar el caso pero el trámite se pospuso por la emergencia climática. Doce días después, Miralles renunció al cargo. Ahora, el presidente José Balcázar anunció que promulgará la ley CAS, que costaría al Estado más de S/3 mil millones anuales según estimaciones del Consejo Fiscal (CF). Estos gastos aprobados por el Congreso, según los entendidos, son inconstitucionales, pues la Carta Magna le prohíbe al Parlamento tener iniciativa sobre el dinero público.Ante esta situación de irresponsabilidad del Parlamento, ¿qué alternativas tiene la ciudadanía para defenderse? La única opción, señalan los constitucionalistas, es acudir al Tribunal Constitucional.El decano del Colegio de Economistas del Perú, Juan González Boza, señaló que llevará el caso a ese colegiado. Según constitucionalistas Víctor García Toma y Aníbal Quiroga, los colegios profesionales vinculados al tema están facultados a presentar demandas de inconstitucionalidad ante iniciativas que horadan el fisco. (Edición domingo).