Por Alonso Rey.En el Perú hemos logrado algo difícil de explicar en cualquier país serio: pagar durante años por una infraestructura que no funciona. El Gasoducto Sur Peruano, paralizado desde 2017 tras el caso Odebrecht, sigue costándole dinero al país sin haber transportado un solo metro cúbico de gas.Desde entonces, el Estado asumió la posesión de los activos -tubos, equipos, ingeniería- y el Ministerio de Energía (Minem) encargó a Osinergmin su custodia y mantenimiento, a pesar de no ser sus funciones. En la práctica, llevamos casi una década cuidando un proyecto detenido, valorizado en más de US$1,600 millones, que permanece en el limbo mientras se resuelven disputas internacionales y el Estado NO hace nada por resolverlo, específicamente el Minem.