En medio de la aprobación de un predictamen en la Comisión de Energía y Minas del Congreso que espanta a la minería formal, y pese a que el país ha perdido, entre 2023 y 2025, unos S/7,500 millones en impuestos debido a la minería ilegal, un grupo bastante amplio de partidos políticos que pretenden gobernar el país, a partir del 28 de julio, incluyen en sus planes de gobierno ninguna o pocas medidas para combatir este flagelo que erosiona nuestra economía y genera un grave problema de inseguridad. Un informe del Observatorio de Minería Ilegal, elaborado por un equipo de especialistas, ha dividido a las agrupaciones políticas en contienda en tres grupos en función a cómo tratan el tema y cuáles son sus planteamientos para atacarlo. El primero de ellos es el que integran aquellos partidos que no hacen ninguna mención o propuesta en sus planes de gobierno sobre la minería ilegal o el proceso de formalización. Allí figuran Perú Libre, que lidera el prófugo Vladimir Cerrón; Renovación Popular de Rafael López Aliaga, Fe en el Perú de Álvaro Paz de la Barra y Frente de la Esperanza de Fernando Olivera, entre otros.El documento pone en evidencia que el partido del exalcalde de Lima, por ejemplo, "solo menciona en el plan resumen que el Estado comprará a mineros formalizados". No dice más. El candidato celeste, por su parte, ha negado que dentro de sus filas haya perfiles relacionados con la minería ilegal.Para el abogado ambientalista César Ipenza, uno de los desarrolladores del informe, existe una desconexión de la gravedad de esta actividad delictiva sobre todo en aquellos partidos que encabezan las encuestas. "Muchos nos han hablado de propuestas de minería ilegal en sus mítines de campaña, pero en su plan de gobierno no aparece nada, eso no se traduce en acciones de gobierno reales, (...) hay que saber por quién votar porque la minería ilegal está tratando de llegar al Congreso", advirtió a Perú21
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