La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó el martes 17 de marzo un dictamen que modifica el régimen de concesiones mineras en el país. La iniciativa plantea cambios a la Ley General de Minería, reduciendo de 30 a 15 años el plazo máximo para que una concesión considerada ociosa caduque, además de establecer mayores exigencias de producción, inversión y pago de derechos.Uno de los puntos centrales del dictamen es la reducción del tiempo para poner en operación una concesión minera. Actualmente, los titulares pueden mantener un derecho minero hasta por 30 años sin producir, considerando el periodo de penalidades.Con 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, el predictamen mantiene el plazo inicial de 10 años para que una concesión minera inicie su producción; sin embargo, reduce de manera significativa el periodo adicional para el pago de penalidades, que pasa de los 20 años actuales a solo 5 años. Esto implica que, si transcurridos 15 años desde la entrega del título no se ha iniciado la operación, el titular perderá automáticamente la concesión.A pesar de estos cambios, especialistas como el economista e investigador de Cooperacción, José De Echave, consideran que la reforma es insuficiente y no ataca los desafíos más gravitantes del sector.