Por David Tuesta.En un país con enormes brechas sociales, infraestructura insuficiente y restricciones fiscales cada vez más evidentes, resulta difícil encontrar una decisión más desconectada de la realidad que seguir inyectando recursos públicos a una empresa que se ha convertido en un barril sin fondo. Petroperú no solo no genera valor: lo destruye sistemáticamente, drenando recursos que podrían destinarse a educación, salud o seguridad. La petrolera se parece cada vez más a un Drácula fiscal, que sobrevive extrayendo la sangre de los contribuyentes. En los últimos cuatro años, el Estado ha comprometido alrededor de S/18,000 millones en distintos mecanismos de rescate para sostener a la empresa. A ello se suma ahora un nuevo "financiamiento momentáneo" por aproximadamente S/500 millones. No se trata de una operación aislada ni excepcional, sino de la continuidad de un patrón: la incapacidad de sostenerse por sí misma, combinada con la imposibilidad política de dejarla enfrentar las consecuencias de su propia ineficiencia.Petroperú arrastra una estructura de costos elevada, decisiones de inversión cuestionables y una gestión capturada por intereses políticos y sindicales. Cualquier intento de reestructuración profunda enfrenta resistencias internas previsibles: quienes se benefician del statu quo no tienen incentivos para cambiarlo. Por eso, el reciente intento de ordenar la empresa parece estar desdibujándose. Las señales apuntan a que la historia se repite: se anuncian reformas, se otorgan recursos frescos y, al poco tiempo, todo vuelve al punto de partida.Desde el punto de vista económico, lo que estamos observando es un clásico problema de restricción presupuestaria blanda. Cuando una empresa sabe que siempre será rescatada, pierde cualquier incentivo para operar eficientemente. El riesgo no es solo fiscal, sino institucional: se genera un precedente en el que las pérdidas privadas se socializan sistemáticamente, debilitando la disciplina del sistema económico en su conjunto.