Tras la revelación de la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, acerca de que el recurso de habeas corpus presentado por el prófugo Vladimir Cerrón fue tramitado mediante procedimientos irregulares dentro de la institución, el constitucionalista Anibal Quiroga calificó la situación como un hecho de "extrema gravedad" que afecta directamente la legitimidad del máximo intérprete de la Constitución. Quiroga explicó que el proceso de "vista de la causa" y la posterior deliberación de los magistrados debe ser estrictamente reservado. Para el jurista, el hecho de que se hayan filtrado proyectos y que las discusiones internas salgan a la luz pública no solo daña la imagen institucional, sino que evidencia un presunto tráfico de influencias por parte de empleados del tribunal que debe ser investigado penalmente.Según Pacheco, el magistrado ponente, Pedro Hernández, intentó forzar el debate del caso en el Pleno sin que el proyecto contara con el visto bueno del coordinador de la comisión respectiva.