Con 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, esta semana, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó modificar la Ley General de Minería para incorporar desde beneficios de las comunidades situadas en áreas de influencia de las minas hasta castigos a las concesiones que no produzcan al cabo de determinados plazos.El dictamen aprobado recogió en un texto sustitutorio predictámenes favorables recaídos en 12 proyectos de ley de diversas bancadas, que coinciden en plantear alzas en los pagos por derechos de vigencia y penalidad de concesiones mineras y fijar plazos perentorios para su caducidad si no empiezan a producir. La aprobación de ese dictamen, que ahora quedó para su debate en el Pleno del Congreso, ha generado preocupación en el gremio minero energético y en expertos del sector. Lo que se advierte es que, si se aprueba esa norma, termine por desincentivar completamente las inversiones en esa industria extractiva y favoreciendo un mayor avance la minería informal e ilegal.Al respecto, Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en declaraciones a Gestión, señaló que existe mucha preocupación en el sector por la aprobación del referido dictamen, pues buscaría desaparecer la actividad minera formal.Alertó que, al reducirse de 30 a 15 años el plazo para poner en operación proyectos mineros, incrementar en 300% el pago por derecho de vigencia y en 400% el pago de penalidades, se va a afectar el régimen de concesiones y a paralizar o retardar el desarrollo de la actividad minera formal.Grossheim consideró que el dictamen se ha elaborado bajo el mito de que en el Perú existen concesiones mineras “ociosas”, cuando el hecho de que no empiecen a producir, anotó, se debe a diversos factores.Estos, mencionó, van desde las dificultades para invertir desde las fases iniciales de la exploración, a los resultados que arroje la misma, pero también la demora en la aprobación de los permisos y trámites que se exigen en el país, que no dependen de las mineras, sino del Estado.
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