Entre gallos y medianoche, y en plena agitación política por la caída del Gabinete Miralles, la Comisión de Energía y Minas del Congreso dio luz verde el pasado martes a un dictamen que apunta directamente al corazón de la minería: las concesiones mineras.La iniciativa, aprobada con 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, propone "fortalecer el régimen de concesiones mineras y evitar la existencia de concesiones ociosas", es decir, de aquellas áreas mineralizadas -supuestamente en manos de la gran minería- que no son trabajadas adecuadamente y que impiden el acceso de "operadores con capacidad real".En la práctica, sin embargo, el dictamen impulsado por Juntos por el Perú, Podemos Perú y otras agrupaciones políticas buscaría "arrebatar las concesiones mineras a sus concesionarios formales para que puedan ser trabajadas por mineros informales o ilegales", advierte Ángel Chávez, counsel de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.Esto a través de una serie de medidas orientadas a acelerar su caducidad, como el acortamiento del plazo para que inicien producción (de 30 a 15 años), la eliminación de su carácter irrevocable y el incremento, hasta en 300%, de los pagos por derecho de vigencia, entre otras propuestas que "desincentivan, claramente, la actividad minera formal en el país", apunta Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).Se trata, explica la ejecutiva, de un dictamen claramente antitécnico porque parte del "supuesto falaz" de que las concesiones mineras son monopolizadas por la gran minería."Por el contrario, si uno revisa los petitorios mineros del año pasado verá que estos llegan casi a 13.000 y que el 70% pertenece a pequeños mineros. Entonces, no es cierto que estos no pueden acceder a las concesiones", apunta.
- [El Comercio,Pág. 8] /