En el Perú la política ha dejado de operar como un espacio de deliberación y se ha desplazado claramente hacia una lógica transaccional. Lo ocurrido con la salida del Gabinete de Denisse Miralles así lo refleja: en paralelo a una campaña electoral en curso, se disputan posiciones, influencias y el respaldo a medidas populistas. Y ante ello, la gobernabilidad queda en segundo plano.En ese contexto, el rol del Congreso resulta especialmente problemático. En las últimas semanas, el pleno ha aprobado medidas que implican un aumento del gasto público cercano a los S/ 7,000 millones anuales, según ha advertido el Consejo Fiscal (CF) en entrevista con El Comercio. Se trata de la extensión de beneficios a trabajadores CAS y modificaciones al régimen previsional de la Caja Militar Policial.En este último caso, se reinstala un esquema similar a la "cédula viva": los incrementos salariales del personal en actividad se trasladan automáticamente a los pensionistas. Esto genera obligaciones crecientes que el Estado no puede sostener sin comprometer sus cuentas. El CF ha sido claro: estas decisiones presionan el déficit y empujan la deuda hacia una trayectoria difícil de corregir.Pero el problema no se limita al impacto fiscal. Diversas bancadas del Congreso adelantaron su negativa al voto de confianza sin escuchar la exposición de la ex primera ministra. La decisión se tomó antes de conocer el contenido del plan del Ejecutivo. Bajo esas condiciones, el desenlace era previsible. Miralles no tenía margen para obtener respaldo político.
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