La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, reconoció las limitaciones del Ejecutivo para observar y llevar al Tribunal Constitucional leyes con iniciativa de gasto aprobadas por el Congreso, pese a sus efectos sobre las finanzas públicas. En entrevista con Ampliación de Noticias de RPP, la premier reiteró que estas normas responden a demandas sociales, pero admitió que requieren una evaluación previa para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Miralles sostuvo que su posición ha sido advertir sobre estos riesgos, aunque evitó plantear con claridad una estrategia para frenar este tipo de iniciativas. En su lugar, propuso buscar mecanismos graduales que permitan atender las demandas sin generar un impacto fiscal inmediato. Asimismo, reconoció que un mayor gasto corriente implica recortes en inversión pública, lo que podría afectar el desarrollo de infraestructura. Pese a ello, no precisó si el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional para cuestionar estas medidas.
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