Por Fernando Cáceres, director ejecutivo de Síntesis Instituto.Hace pocos días, el ministro de Economía dijo que los costos generados por la crisis del gas no son responsabilidad del Estado. ¿En serio? El numeral 5.8 del anexo I del contrato de concesión de transporte de gas natural por ductos,del 2000, establecía que el sistema "deberá tener suficiente capacidad de respaldo y redundancia, así como efectivos procedimientos de mantenimiento para alcanzar la disponibilidad especificada", con el objetivo de proporcionar una disponibilidad anual de 99%. Esto quiere decir que el Estado debió asegurar que Transportadora de Gas del Perú (TGP) construya infraestructura para que el servicio no se interrumpa por más de 87 horas al año, lo cual se ha excedido. Había varias soluciones: construir un ducto mellizo, construir loops en áreas donde las fallas serían más críticas, construir una planta regasificadora en Melchorita, etc. Aparentemente, se había previsto hacer un loopen la selva, que fue dejado de lado después de atentados terroristas. También se explica que se convocó un concurso para la planta regasificadora en el 2012, pero luego se excluyó en el 2017. En cualquier caso, la responsabilidad del Estado por no concretar estos proyectos es clara.Han pasado 26 años desde que se firmó el contrato, y ningún ministro concretó esta obligación contractual. Tampoco Osinergmin ejerció la fiscalización necesaria.Hoy, hay al menos 100 contratos de clientes que han contratado con generadoras de distintos tipos, en los que el precio negociado está indexado al costo marginal del sistema (empresas pe queñas y medianas). Como dicho costo se ha disparado a US $300MW/h, a finde mes tendrán que pagar una cuenta siete veces mayor que la habitual.