Trece días duró la emergencia que tuvo en vilo a transportistas, industrias y plantas de generación térmica en Lima debido a la paralización del suministro de gas natural proveniente de Camisea. Esto, a raíz de la deflagración acontecida el pasado 1 de marzo en el ducto de TGP, única vía de transporte que conecta el campo gasífero con la Metrópoli.Se trató del incidente más grave registrado en los 22 años de operación del gasoducto, con nefastas repercusiones no solo para el sector energético,sino también para el país.Así, el BBVA Research estima que la crisis del gas tendrá un impacto negativo de 1,8 puntos porcentuales en el PBI de marzo, y de 0,2 puntos porcentuales en el PBI del 2026.Esto, descontando el impacto en el sector energético, como consecuencia del "desabastecimiento y mayores precios" del diésel, las gasolinas, el GLP y la energía eléctrica en el mercado no regulado (industrial), manifiesta Luis Espinoza, exviceministro de Energía.De acuerdo al especialista, la suma de todos estos factores habría ocasionado una pérdida diaria de US$200 millones para las empresas eléctricas y de combustibles. "Hablamos de un total de US$3.000 millones por dos semanas de emergencia, aparte del efecto en el PBI y la inflación, que van a costar mucho para la sociedad", refiere Espinoza.Gran perdedor en esta dramática coyuntura ha sido el sector de generación eléctrica. Esto, debido al exorbitante costo ocasionado por el uso intensivo de diésel para producir energía ante la ausencia del gas.Cálculos conservadores estiman que las generadoras eléctricas habrían perdido US$50 millones diariamente por este motivo, empezando por los productores térmicos a gas, los cuales no han podido producir ni despachar energía.