En El Comercio hemos venido advirtiendo desde hace varios meses sobre la infiltración de la minería ilegal en el proceso electoral de abril. Hemos alertado respecto de candidatos con conexiones directas en el sector, partidos que abogan por la extensión indefinida del Reinfo, y en general sobre el entramado de intereses que se vienen tejiendo progresivamente entre la política nacional y la explotación de oro ilegal. Quizá otra manera de medir la influencia del sector es analizar los propios planes de gobierno de los partidos en contienda. De acuerdo con un informe publicado en estas páginas ayer por el Instituto Peruano de Economía (IPE), solo seis de las 38 agrupaciones políticas proponen eliminar el Reinfo -que de ser una medida temporal para pequeños mineros se ha convertido en una carta blanca para todos los ilegales-, o establecer límites a la formalización. A criterio del IPE, ningún plan de gobierno plantea una solución integral para una actividad que, solo en el 2025, habría exportado más de US$11.500 millones, un monto ligeramente menor que el de toda la agroexportación. (Edición domingo).