Por María Isabel León, expresidenta de Confiep.Las frases moralmente impecables suelen ser las más peligrosas en política."Ningún maestro debería jubilarse en la pobreza". Con esta consigna, se defiende el proyecto de ley que hoy se discute en el Congreso y que propone otorgar a los docentes cesantes una pensión "viva", equivalente al salario de la primera escala magisterial:alrededor deS/3.500 mensuales (por una jornada de30 horas semanales). La iniciativa, impulsada por la congresista Flor Pablo, apela a un sentimiento comprensible: el reconocimiento a quienes han dedicado su vida a educar. Pero la política pública no puede construirse únicamente sobre consignas que suenan bien. Las buenas intenciones no sustituyen la responsabilidad fiscal. Porque detrás de toda promesa pública existe una pregunta inevitable:¿cómo se pagará? Las estimaciones disponibles advierten que la medida implicaría un gasto adicional superior a S/5.000 millones anuales para el Estado Peruano. En un contexto de presiones crecientes sobre el déficit fiscal, aprobar una obligación permanente de esa magnitud -sin una fuente clara y real de financiamiento- no es un acto de justicia social. ¡Es una temeridad!.La experiencia peruana ya ha demostrado lo que ocurre cuando el Congreso aprueba leyes sin respaldo presupuestal: el problema no desaparece, solo se traslada. Se traslada a los contribuyentes, a las futuras generaciones o a la propia estabilidad económica del país. Prometer beneficios sin explicar cómo se financiarán puede ser políticamente rentable en el corto plazo. Pero institucionalmente es irresponsable.(Edición sábado).