Las economías ilegales son uno de los principales desafíos económicos y de seguridad del país. En el 2024, actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y la tala ilegal habrían generado más de US$10 mil millones en ventas, de las cuales casi tres cuartas partes correspondieron a la minería ilegal. Para el 2025, solo las exportaciones de oro ilegal habrían superado los US$11. 500 millones, 55% por encima del año previo e igualando en toneladas al oro legal exportado. Este avance se ha articulado con redes criminales, agravando los problemas de seguridad en diversas regiones del país.En este contexto, la mayoría de los partidos políticos en carrera plantea respuestas centradas principalmente en medidas punitivas.De los 35 partidos analizados, 27 proponen estrategias de interdicción o fiscalización de la minería informal e ilegal. Sin embargo, son pocas las propuestas que abordan el problema desde una perspectiva preventiva o que consideran toda la cadena de valor del oro. Por ejemplo, solo 18 partidos proponen mejorar la trazabilidad del mineral, clave para evitar que el oro de origen ilegal ingrese a los circuitos formales.Otro frente crítico es la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala. Aunque 15 partidos plantean mecanismos para avanzar en este proceso, solo seis -Partido Morado, Somos Perú, Apra, Fuerza y Libertad, Perú Acción e Integridad Democrática- proponen eliminar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) o establecer plazos límite definidos e improrrogables, pese a su fracaso.(Edición sábado).