El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, ha advertido hace unos días ante el Congreso que la institución que dirige "sigue teniendo que mendigar locales de votación". Con ello alude a los problemas que ese organismo enfrenta habida cuenta de que algunos locales que inicialmente estaban disponibles para ese fin ya no lo están: una circunstancia que obliga a buscar establecimientos alternativos y que ha afectado -hasta ahora- a no menos de 33.625 electores en todo el país. Además, la cantidad de centros de votación en general se redujo de 10.401 a 10.352 en el territorio nacional. ¿Qué inconvenientes han surgido a propósito de los establecimientos asignados en primera instancia? Pues algunos han entrado en reconstrucción, otros han sido declarados inhabitables y unos terceros sencillamente han dado marcha atrás en su decisión de estar disponibles. Esto último ocurre sobre todo en los casos de centros educativos privados, cuyos propietarios o promotores han revelado extraoficialmente que la negativa se debe a las amenazas de extorsión de las que son objeto. Una situación particularmente grave en el Callao y en el cono norte de la capital.