Por Luciana Polar, socia del Estudio Olaechea.En un artículo anterior comentamos que la informalidad laboral reduce la productividad, limita la recaudación fiscal, debilita la protección social y genera precariedad laboral. Es, entonces, un desafío ineludible para quienes aspiran a gobernar el país. Por ello, a puertas de las elecciones, es pertinente evaluar qué medidas proponen los 36 candidatos a la presidencia para combatirla. En el 2024, el 71% de los trabajadores era informal (INEI), lo cual quiere decir que más de 12 millones de personas no cuentan con protección legal laboral ni seguridad social.En principio, habría que señalar que la mayoría de los múltiples planes de gobierno incorpora el tema de informalidad laboral como un punto relevante. En varios casos, es considerada el principal problema estructural del mercado laboral.La mayoría de los candidatos incluye como meta el reducir la informalidad al 50%-60% (más del 10%) hacia el 2030, a través de una formalización progresiva, y coinciden en propuestas como contar con un régimen tributario simplificado, impulsar la simplificación digital y generar incentivos para la contratación juvenil, entre otras.Hay propuestas que apuntan a una mayor institucionalización (Partido Morado, Somos Perú o Fuerza Popular), a través de la digitalización integral de todos los sistemas laborales, la interoperabilidad Sunat-Sunafil e incentivos temporales para la formalización.
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