Hoy el Tribunal Constitucional (TC) sesionará para analizar el recurso de habeas corpus presentado por Vladimir Cerrón, quien busca anular la orden de prisión preventiva dictada en su contra. Lo cuestionable no es solo que el prófugo -que lleva más de dos años huyendo de la justicia- pretenda obtener amparo constitucional para continuar su campaña presidencial, sino también la velocidad inusitada con la que el TC ha procesado su solicitud, mientras miles de ciudadanos esperan meses o años para ser atendidos.El expediente ingresó al TC el 11 de febrero del 2026 y en menos de un mes se programó la audiencia. Esta celeridad inaudita contrasta con otros recursos que el mismo pleno analizará hoy y que esperan desde el 2024. La pregunta es inevitable: ¿qué hace especial el caso de Cerrón para merecer tan expeditivo tratamiento?La presidenta del TC, Luz Pacheco, ha intentado justificar esta velocidad indicando que "los expedientes se programan por orden de antigüedad, urgencia o por solicitud del ponente". Como el caso de Cerrón no califica por antigüedad -apenas lleva un mes en el TC- solo quedan dos opciones: fue considerado urgente o el ponente lo solicitó. Y aquí surge otro dato inquietante: según fuentes de el ponente es el magistrado Pedro Hernández, quien ya ha favorecido previamente a Cerrón en dos ocasiones. En una de ellas a partir de su ponencia el TC anuló una condena por corrupción que pesaban sobre el exgobernador regional de Junín.