Desde este espacio, nos reafirmamos en nuestra posición de oponernos a la suspensión de clases presenciales. La crisis del gas natural vehicular (GNV) no justifica una medida que atenta contra el desarrollo y el aprendizaje de alumnos y también contra el bienestar de sus familias. El Gobierno ha mostrado un nivel de improvisación alarmante. El viernes, emitió un comunicado divulgando la decisión, pero un comunicado no es una norma jurídica y no es vinculante en forma alguna. Por eso, durante el fin de semana, muchas instituciones educativas privadas anunciaron a padres de familia y alumnos que abrirían normalmente sus puertas el lunes y seguirían operando de forma presencial. Pero el domingo por la noche se publicó una resolución viceministerial indicando que la virtualidad era obligatoria, lo cual generó confusión entre padres, profesores y alumnos. Y aun en ese nuevo escenario, la ambigüedad continuó, pues una resolución así no tiene el rango requerido para convertir la medida en forzosa. Se trata, a todas luces, de un esfuerzo de la administración por lavarse las manos frente al costo político de toda esta situación. Esto es, de alejar al ministro del sector y al presidente de la responsabilidad de lo que viene ocurriendo.