E n el camino hacia la reforma del Estado, tenemos que destacar la positiva reconversión de los 82 programas sociales que existen en el país y que se reducirán a unos 25 este mes, según anunció el presidente Alan García.Es una buena medida que demuestra cómo el objetivo de la reforma se puede ir cumpliendo de manera simple y directa, por ejemplo, ordenando entidades que no solo son demasiadas, sino también en ciertos casos, ineficientes. Sin duda, no podemos desestimar el éxito de algunos programas como Juntos, que puso en marcha el gobierno anterior, y que colocó en agenda las dramáticas necesidades de los sectores más pobres entre los pobres del Perú. Su política de compensar a las madres que hacen vacunar a sus hijos o los llevan al colegio ha sido la mejor allí donde se vive la más injusta de las exclusiones: aquella que frena las posibilidades de desarrollo de las futuras generaciones. Además se trata de un programa que ha sabido valorar el papel preponderante que cumplen las mujeres como jefas de hogar. Sin embargo, en un país con 75% de pobres, hay todavía mucho por hacer. De acuerdo con la Universidad del Pacífico, hay 3,5 millones de niños en extrema pobreza excluidos de los programas gubernamentales, estadística que revela que cierta burocracia dedicada al sector social arrastra viejos vicios, aunque genere enormes gastos. Hoy el fisco espera ahorrar aproximadamente unos 400 millones de soles al año con la anunciada reconversión. El país espera también que esta política abone a favor de la inclusión de más peruanos que no perciben la presencia del Estado en sus vidas.Evidentemente hay varias propuestas idóneas para mejorar los programas sociales. Una es la presentada por la Universidad del Pacífico para crear un fondo de inclusión independiente del Estado y de cualquier presión política, con topes en costos administrativos y que coordine esfuerzos para evitar la duplicidad de funciones que existe en ciertas entidades públicas.Para El Comercio, como señalamos en nuestras Propuestas para una Agenda de Gobierno, necesitamos políticas que propugnen la inclusión al engranaje del Estado. Esto implica reducir burocracia, planificar los programas sociales y revalorar a los actores involucrados, sobre todo a las madres-jefas de hogar que, según Unicef, son las que dan prioridad a la salud y educación de sus hijos.