A través de un informe remitido el pasado 28 de enero a la Procuraduría General del Estado (PGE), que encabeza María Caruajulca, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción requirió -por segundo año consecutivo y con carácter de urgente- ser declarada en emergencia a escala nacional.El documento pone en evidencia la grave crisis de la Procuraduría Anticorrupción debido a un déficit presupuestal que pone en riesgo la atención de 60.108 casos en el Perú, de los cuales 791 son emblemáticos. Así, denuncia una "situación de emergencia".Fuentes de la citada oficina señalaron a El Comercio que, pese a su pedido, no se les ha dado una solución o emitido medidas para paliar la precariedad en la que laboran los funcionarios.