La deflagración ocurrida en el sistema de transporte de gas de Camisea ha desatado una escena poco habitual en Lima: grifos sin GNV, largas colas de taxis recorriendo distritos en busca de combustible y transportes obligados a migrar temporalmente hacia gasolina más cara. El Gobierno reaccionó declarando la emergencia en el suministro de gas natural por 14 días y activando mecanismos de racionamiento para priorizar el consumo residencial y el transporte público masivo. Aunque el incidente es técnico y localizado, sus efectos han sido inmediatos y visibles en toda la ciudad.La gestión política de la crisis, sin embargo, ha mostrado señales contradictorias. Desde el Ministerio de Energía y Minas, el titular Ángelo Alfaro advirtió: "Nadie puede asegurar que termine en 14 días. Eso sería mentir". Poco después, desde el Ejecutivo se aseguró que se harían todos los esfuerzos para restablecer el servicio incluso antes de ese periodo. En paralelo, TGP, operador del sistema, mantiene la estimación de 14 días para restituir el flujo, aunque reconoce que el acceso extremadamente complejo a la zona afectada y las intensas lluvias podrían generar contingencias.Más allá de la coyuntura, la reciente emergencia revela una vulnerabilidad conocida: la fuerte dependencia del suministro de gas natural de una infraestructura crítica sin suficiente redundancia. El gas de Camisea ha sido uno de los proyectos más transformadores del país -abaratando la generación eléctrica y fortaleciendo la seguridad del sistema-, pero ningún recurso energético está exento de riesgos si su transporte depende de un solo corredor.
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