En enero del 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una revisión integral de los acuerdos gobierno a gobierno (G2G), señalando que la cartera heredada supera los US$30.000 millones -equivalente a cerca del 9% del PBI o casi dos años de inversión pública-. Poco después, se procedió a la resolución del contrato con la PMO francesa encargada de la nueva Carretera Central y de los accesos al aeropuerto.La revisión se enmarca en un contexto de crecimiento sostenido del gasto en remuneraciones que obliga al gobierno a ajustar inversión pública para contener el déficit fiscal. El presupuesto 2026 refleja esa tendencia: las remuneraciones crecen 12% mientras la inversión pública cae 13%. Ya en el 2025, el MEF optó por no ampliar las asignaciones para varios proyectos de prevención de inundaciones bajo G2G, paralizando parte de esta cartera para cumplir con la meta de déficit. Aun así, la inversión ejecutada bajo este esquema alcanzó los US$2.000 millones -equivalente al 12% de la inversión pública total-.El problema de fondo no es el G2G como instrumento, sino la ausencia de criterios claros para decidir cuándo y cómo usar los diferentes mecanismos de ejecución de infraestructura pública.