Por Leonie Roca, presidenta en la AFIN.Hacia finales de los años noventa, el Perú tomó una decisión institucional importante: crear organismos reguladores de servicios públicos autónomos, que fueran neutrales respecto a los tres grupos de interés que normalmente entran en conflicto en este tipo de industrias: los políticos, los inversionistas privados y los consumidores o usuarios. Fue una apuesta correcta.Pero han pasado más de treinta años y el mundo ha cambiado. La OCDE periódicamente emite informes evaluando a nuestros reguladores con recomendaciones que debemos atender. Y los números de su desempeño reciente nos obligan a una reflexión seria.Veamos los datos del Informe de Competitividad 2024-2025 del Consejo Privado de Competitividad. En sus informes a contratos de concesión, el Ositrán dedica apenas el 24% de sus observaciones a temas sectoriales propios. El Osinergmin, 41%. El Osiptel, 50%. El resto -69% del total- se pierde en generalidades que otros actores ya revisan. Es decir, tenemos reguladores que, en buena medida, están haciendo el trabajo de otros o repitiendo lo que otros ya hicieron.El caso del Osiptel merece una mención aparte, porque ilustra un fenómeno preocupante: el escalamiento sancionatorio. Entre el 2011 y 2019, las multas impuestas a las empresas de telecomunicaciones promediaban S/ 16 millones anuales. Pasamos de S/ 16 millones al año a S/ 233 millones en poco más de una década. La pregunta de fondo es si este escalamiento refleja un sector que incumple cada vez más -difícil de sostener cuando la cobertura y calidad han mejorado notablemente- o un aparato fiscalizador que ha ido acumulando obligaciones normativas cuyo incumplimiento genera sanciones casi automáticas.
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