Hasta el momento, no está garantizado el óptimo desarrollo de las elecciones generales del 2026, y menos aún su fiscalización, mientras que los procesos electorales para elegir gobernadores y alcaldes, así como las autoridades de los centros poblados, se encuentran totalmente desfinanciados.Esta situación resulta más que sorprendente, debido a que el sistema electoral deberá enfrentar uno de los procesos más complejos de la historia, razón por la cual la fiscalización es uno de los elementos indispensables para poder garantizar la transparencia de las elecciones presidenciales y congresales.Sin embargo, el gobierno de José María Balcázar ha decidido no otorgar la totalidad de los fondos requeridos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).