El Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) aprobado en el 2017 tuvo como meta principal reducir en cerca de 60% la brecha de infraestructura educativa al 2025. Sin embargo, la brecha se amplió. Al cierre del año pasado, esta asciende a S/172.000 millones, 25% más que el estimado inicial en términos reales. A pocos días del inicio escolar, la capacidad del Estado para garantizar condiciones adecuadas de aprendizaje es bastante cuestionable.El 48% de los locales educativos públicos requiere ser demolido en su totalidad por representar un grave riesgo de colapso. Ello afecta a 1,2 millones de estudiantes, es decir, a uno de cada cinco matriculados en una institución pública.(Edición domingo).