Tras varios meses de espera, el Ejecutivo presentó el proyecto para la reforma constitucional en materia de pensiones, el mismo que busca cerrar en forma definitiva el ingreso de trabajadores al régimen del Decreto Ley 20530 (cédula viva), dándole rango constitucional a dicha medida. De esa forma, se evita el riesgo de que con leyes posteriores se vuelva a perforar el sistema, como ha ocurrido con 16 normas emitidas desde hace 30 años.La propuesta presentada ayer por el presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, plantea la modificación de los artículos 11 y 103 de la Constitución Política del Perú, así como de la primera Disposición Final y Transitoria del referido texto legal. Dichos cambios permitirán -entre otros puntos- centralizar en un solo órgano la administración de los sistemas de pensiones, eliminar la nivelación automática (efecto espejo), eliminar la protección constitucional referida a los derechos adquiridos en materia de pensiones y autorizar el inicio de acciones de nulidad en contra de las personas que obtuvieron una pensión en forma ilegítima."Estos cambios permitirán iniciar la segunda fase de la reforma del sistema de pensiones, que contempla -entre otros temas- establecer topes a las pensiones más elevadas", adelantó.El efecto económico de la medida fue explicado por el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, quien informó que actualmente bajo el régimen de la cédula viva existen 300 mil pensionistas que consumen los dos tercios del gasto de pensiones del Gobierno. En tanto, los otros 500 mil pensionistas, principalmente adscritos al régimen del Decreto Ley 19990, consumen solo un tercio. "Lo más censurable es que existe un grupo de 500 personas que tienen pensiones que superan los S/.10 mil mensuales, mientras que para el resto de los jubilados la pensión promedio es de S/.1.267", agregó.