Antes de ser congresista, el hoy presidente José María Balcázar se desempeñó como abogado y tuvo, entre sus defendidos, a dos sentenciados por abuso de menores. El primero de ellos fue Leónidas Puelles Guerrero, quien en el 2012 fue condenado a cadena perpetua por violar durante casi una década a su hijastra cuando esta era apenas una niña. Producto de los abusos, la víctima quedó embarazada y fue obligada por su padrastro a abortar en reiteradas ocasiones. En el 2015, el actual mandatario se presentó como abogado de Puelles y solicitó que se lo volviera a juzgar, pero su pedido fue desestimado.Años más tarde, Balcázar -junto con dos colegas más- buscó anular otra sentencia: una de seis años y ocho meses contra Raúl Quevedo por el delito de "proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales por medios informáticos". Pero, nuevamente, el pedido del hoy jefe del Estado no fue atendido. Uno podría pensar que los abogados son libres de patrocinar a quienes deseen y que, en ese sentido, no son responsables por los crímenes que hayan cometido sus defendidos. Sin embargo, en este caso en particular, el interés no tiene que ver solo con el hecho de que hablamos del actual presidente, sino también con que su historial como letrado es consistente con la postura que ha mostrado a favor del matrimonio infantil.(Edición sábado).