Por Raúl Benavides Ganoza, director de Compañía de Minas Buenaventura.En las últimas semanas se ha intensificado el debate público sobre el presunto abuso de las grandes empresas mineras, a las que se acusa de acaparar extensas áreas mediante concesiones sin permitir que pequeños mineros puedan trabajarlas. Sin embargo, para comprender la dimensión real del problema es necesario aclarar primero cómo funciona el sistema de concesiones mineras en el país.Una concesión minera otorga a su titular el derecho a explorar y explotar el subsuelo, derecho que no es gratuito. El concesionario debe pagar anualmente un derecho de vigencia que varía según el tamaño de la concesión y la categoría del productor: US$2 por hectárea para quienes poseen más de 2.000 hectáreas; US$1 por hectárea para los pequeños productores mineros (PPM) con menos de 2.000 hectáreas; y US$0,50 por hectárea para los productores mineros artesanales (PMA) con menos de 25 hectáreas.En el caso de las grandes empresas mineras, el camino hacia la puesta en producción de una mina es particularmente largo, complejo y costoso. Cumplir con los requisitos técnicos, sociales, ambientales y legales puede tomar -en el mejor de los escenarios- hasta 30 años. Además, si una empresa no realiza una inversión significativa o no inicia la producción a partir del año 16 de otorgada la concesión, debe pagar una penalidad equivalente al 20% de una UIT por hectárea, equivalente a S/1.100. Esta penalidad se incrementa al 30% de la UIT equivalente a S/1.650 por hectárea a partir del año 21, sin dejar de pagar el derecho de vigencia anual.Contrario a la percepción popular, ninguna empresa minera tiene interés en retener concesiones más allá de lo estrictamente necesario. Por el contrario, las compañías suelen reducir rápidamente aquellas áreas que no presentan potencial minero. Sin embargo, los retrasos en la obtención de autorizaciones para el uso de la superficie, sumados a la complejidad de los trámites administrativos y restricciones sociales, ambientales y legales, obligan en muchos casos a conservar concesiones por más tiempo del deseado, aun cuando se hayan hecho todos los esfuerzos por avanzar hacia la producción.