Culminó exitosamente el trabajo de la comisión que encabezó el prestigioso economista Richard Webb para elegir a los presidentes de los organismos reguladores de los servicios públicos.Dentro de las limitaciones de tiempo, logística y topes salariales, se ha elegido a profesionales calificados para desempeñar tan delicadas funciones. Hay que reconocer aquí el gesto de apertura del Gobierno y del jefe del Gabinete Jorge del Castillo, para optar por criterios técnicos y dejar de lado cualquier viso partidista en este proceso.Ahora, el reto de los cuatro nuevos presidentes de Osiptel (comunicaciones), Osinergmin (energía), Ositrán (infraestructura) y Sunass (saneamiento) es dar prioridad a la expansión de los servicios públicos, lo que ha sido llamado la tercera etapa en la existencia de los reguladores. La primera fue la de creación y la segunda de maduración.Dicha expansión no debe ser solo cuantitativa, para ampliar la cobertura sobre todo a las zonas rurales, sino también para ofrecer mejor calidad y precio. En el caso de las empresas de telefonía y energía eléctrica generalmente están bajo administración privada y está pendiente el reajuste de tarifas equitativo. Y en lo que corresponde a Enapu y Sedapal, el tema es más complejo por tratarse de empresas reguladas dentro de la esfera del Estado, que necesitan grandes ajustes en su estructura y en que debe evaluarse su entrega en concesión.A más de ello, hay un gran trabajo de regulación y fiscalización para armonizar la actividad económica extractiva, principalmente minera, con el cuidado del medio ambiente, precisamente para evitar conflictos sociales y daños al ecosistema.Se ha dado, pues, un gran paso. Queda ahora tomar medidas para garantizar que estas entidades puedan actuar con eficacia e independencia, en lo que está pendiente una modificación constitucional, que debe ser parte de la anunciada reforma del Estado. Como lo hemos reiterado, las entidades autónomas, contraloras y reguladoras deben consolidarse como un cuarto sector del Estado y contar con un blindaje constitucional que las ponga a salvo de nefastas interferencias externas en el futuro. Solo así podrán fiscalizar sus ámbitos de gestión y servir mejor a los ciudadanos y consumidores. (Edición sábado).
- [El Comercio,Pág. A 4] /