El legislador José Jerí Oré fue censurado como presidente del Congreso de la República este martes 17 de febrero, luego de que las siete mociones en su contra, que fueron acumuladas en una, prosperaran con amplia mayoría en un pleno extraordinario. Con ello culmina también el gobierno interino que durante apenas cuatro meses acumuló escándalos que hicieron imposible su permanencia en el cargo. Las denuncias por presunto tráfico de inf luencias, las reuniones clandestinas con empresarios chinos captadas en video mientras i ngresaba encapuchado a un chifa en San Borja, las contrataciones irregulares de personas que lo visitaron en Palacio de Gobierno y una larga lista de cuestionamientos éticos terminaron por socavar cualquier vestigio de legitimidad de alguien que había empezado con un sólido respaldo ciudadano. Cuando un presidente pierde la confianza de la gente a tal velocidad, la caída política se vuelve inevitable. José Jerí lo sabía, pero persistió en justificar lo injustificable, cambiando de versión conforme aparecían nuevas evidencias que lo comprometían. El Congreso de la República optó por la censura cuando múltiples constitucionalistas advirtieron que el mecanismo correcto era la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, conforme al artículo 113 de la Constitución. La censura es una figura de control político diseñada para ministros o autoridades del Parlamento, no para un jefe de Estado en ejercicio. El proceso se llevó a cabo al caballazo, atropellando consideraciones constitucionales elementales. Diversos especialistas han señalado que la censura era improcedente e inconstitucional en este caso. Pero el Legislativo eligió el camino más expedito: la mayoría simple, en lugar de los 87 votos que exige una vacancia. El resultado es un precedente pésimo que debilita la institucionalidad y genera incertidumbre jurídica.