Por Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza.La Nueva Carretera Central (NCC) es el proyecto vial más relevante para el Perú en décadas y su reciente paralización, tras la resolución del contrato con la PMO francesa Egis Villes et Transports, no solo genera incertidumbre técnica y fiscal, sino que plantea interrogantes de fondo sobre el verdadero móvil de la decisión y el rumbo que se pretende dar al esquema Gobierno a Gobierno (G2G). El presente análisis parte de la revisión del contrato suscrito entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, y Egis en representación del Gobierno francés, así como del contexto presupuestal y administrativo que rodeó su resolución. El modelo G2G adoptado en EL 2021 no es un contrato ordinario. Se rige por la Ley de Contrataciones del Estado y por principios del derecho y comercio internacional, y su finalidad es asegurar estándares técnicos elevados, reducir riesgos de corrupción y blindar la ejecución frente a interferencias indebidas.Del análisis contractual se desprende que Egis no actuaba como un proveedor convencional, sino como el brazo operativo del acuerdo Estado a Estado. En consecuencia, sostener la vigencia formal del G2G mientras se prescinde de su soporte técnico resulta jurídicamente contradictorio, pues sin operador el acuerdo pierde viabilidad práctica. La resolución no afecta solo a la NCC, sino también a la Vía Expresa Santa Rosa y a la conectividad con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, infraestructuras estratégicas para Lima y para la competitividad nacional.
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