Pocos habrían imaginado que el destino del actual modelo empresarial y de gestión de Petroperú S.A. quedaría en manos del Tribunal Constitucional (TC).Sin embargo, ese es hoy el escenario, luego de que el pasado 25 de noviembre de 2025 se realizara la audiencia pública de la acción de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Arequipa contra el Decreto de Urgencia N.º 013-2024, norma que autoriza un nuevo y reiterado salvataje financiero a la petrolera estatal mediante transferencias de recursos públicos.La demanda sostiene que el Poder Ejecutivo ha vulnerado los principios constitucionales de temporalidad y excepcionalidad que rigen los decretos de urgencia, al utilizar este mecanismo de manera reiterada para cubrir problemas financieros estructurales de Petroperú, sin agotar previamente las vías legislativas ni administrativas ordinarias.El problema central de Petroperú es su deuda total, estimada en aproximadamente US$ 8,100 millones, una cifra que cuadruplica su patrimonio. Técnicamente, la empresa se encuentra en situación de quiebra. A ello se suman pérdidas proyectadas para 2025 por US$ 340 millones y un déficit operativo cercano a US$ 1,500 millones.