Por Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto.Una propuesta económica que comparten partidos como Renovación Popular y agrupaciones de izquierda radical -entre ellas Venceremos, Perú Libre y Podemos- es exigir mayor valor agregado a las exportaciones de materias primas. Se plantea que la biomasa marina se destine a conservas o acuicultura y que los minerales se exporten progresivamente como metal refinado. El objetivo -industrializar el país y capturar mayor valor dentro del territorio nacional- puede resultar legítimo. El problema surge cuando se asume que la estructura productiva puede transformarse mediante mandato administrativo y, peor aún, mediante plazos fijados por ley. La premisa es equivocada: el valor agregado no depende únicamente de la etapa en que se exporta un bien, sino de factores como productividad, escala, energía competitiva, logística eficiente, capital humano especializado y estabilidad regulatoria. Cuando estas condiciones no existen, forzar procesos industriales suele producir el efecto contrario al buscado: menor inversión, menor producción y pérdida de competitividad.En pesca, la propuesta desconoce la heterogeneidad del sector y las dinámicas biológicas y comerciales de la biomasa marina. Obligar su redirección hacia conservas o acuicultura podría generar sobrecapacidad industrial y mayores costos operativos. Además, la acuicultura exige años de inversión, permisos ambientales e infraestructura especializada; no puede desarrollarse por simple disposición normativa.En minería, el desafío es aún mayor. Refinar minerales implica inversiones multimillonarias, acceso a energía abundante y exigentes estándares ambientales. Los países que concentran la refinación global lo hacen gracias a ventajas estructurales, no por imposición regulatoria. Obligar el refinado local sin esas condiciones podría encarecer la producción y volver inviables proyectos que hoy generan empleo, canon y divisas.(Edición domingo).