Un proceso electoral realmente democrático debe contener opciones diversas entre las plataformas de los candidatos. Más bien, cuando todas las alternativas políticas que se le ofrecen al ciudadano en la cédula de votación son demasiado similares, se debería empezar a sospechar del proceso mismo. Hay, no obstante, algunos puntos centrales en los que el país -y los partidos políticos que aspiran a representarlo- debería estar mayormente de acuerdo. En el campo cívico, la defensa de las elecciones libres, de la libertad de expresión y de los derechos humanos, por ejemplo, no pueden ser negociables. Desde el punto de vista económico, el respeto por la propiedad y la promoción del emprendimiento privado son también indispensables. No es esto último, sin embargo, lo que se encuentra en todos los planes de gobierno de las organizaciones políticas que competirán el 12 de abril. De acuerdo con una revisión del Instituto Peruano de Economía publicada ayer en estas páginas, solo la mitad de los planes (18 de 35) expresa una postura claramente favorable a la inversión privada. Estos incluyen propuestas para, por ejemplo, reducir la carga burocrática que enfrentan los negocios de todo tipo. La otra mitad de los planes, sin embargo, oscila entre medidas que desincentivan la inversión privada hasta otras que apuestan por desaparecerla de ciertos sectores. Tres partidos (Juntos por el Perú, Perú Libre y Venceremos, que postulan a Roberto Sánchez, Vladimir Cerrón y Ronald Atencio, respectivamente) se expresan a favor de nacionalizar empresas e impulsar, más bien, el rol empresarial del Estado. (Edición domingo).