Desde la clandestinidad, el prófugo Vladimir Cerrón demandó al Estado por supuestos daños y perjuicios, y exigió una indemnización de S/8,6 millones por presunto daño moral, lucro cesante y afectación a su proyecto político.El candidato presidencial de Perú Libre demandó al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General del Estado ante la Corte Superior de Justicia de Junín. El recurso fue presentado por su madre, Bertha Rojas, candidata a la segunda vicepresidencia de la República. Esto a pesar de que ambos son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, por supuestos aportes ilícitos que habría recibido su partido.Rojas argumentó que Cerrón sufrió daños irreparables por las sentencias dictadas en los casos Aeródromo Wanka y La Oroya, que posteriormente fueron anuladas.