Por Carlos E. Paredes, economista de Intelfin Estudios y Consultoría y docente de la U. Continental.En el frente minado de Petroperú, el Decreto de Urgencia 010-2025, publicado el último día del 2025, viabilizó la reorganización integral de la empresa. Tal como señalé en mi primera columna de este año, su implementación podría poner fin a muchos años de opacidad, ineficiencia y despilfarro fiscal. Hoy, cerca de 40 días después y en el medio de la turbulencia e incertidumbre política, creo que existe una alta probabilidad de que este proceso sea exitoso. Sin embargo, los peligros y los retos por delante son mayúsculos y están presentes en muchos frentes de manera simultánea. Debemos ser conscientes de que recién estamos empezando a recorrer el camino de la reestructuración de la mayor empresa pública del país.En el corto tiempo transcurrido se verifican avances importantes: se cambió a los miembros del directorio y se nombró a una experimentada profesional de la empresa como gerente general. Tal vez lo más importante, Proinversión -la agencia pública especializada en la promoción de la inversión privada- ha tomado la responsabilidad de la reorganización patrimonial de Petroperú y, para esto, ha contratado como asesor a la empresa consultora Deloitte. Esta es una diferencia notable con los anteriores intentos -todos fallidos- de reestructurar la petrolera, que consideraron que era posible que la empresa se transformase a sí misma.
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