Alonso Segura expresó a título personal su preocupación por la forma en que el Estado viene manejando los compromisos de inversión en infraestructura, en particular los proyectos bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno y las Asociaciones Público Privadas (APP). Señaló que existen múltiples contratos y ofrecimientos que implican gasto estatal sin que se cuente con información oportuna, marcos presupuestales claros de corto plazo ni criterios consistentes para definir qué proyectos van por cada modalidad. Indicó que el problema no se limita al Gobierno a Gobierno, sino a una falta de políticas claras y estables, lo que genera decisiones cambiantes y poco ordenadas. Asimismo, cuestionó la escasa transparencia sobre las razones y la base legal para la rescisión unilateral de contratos, advirtiendo que el Estado ha venido perdiendo arbitrajes por actuaciones imprudentes.
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