Por Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos."Es difícil estimar su peso", señaló Julio Velarde, hombre clave de la economía política nacional, en referencia al impacto de la minería ilegal en la economía. Aunque hay un sector en el sur peruano que tiene una visión "anti-Lima", la fortaleza del sol peruano sobre el peso boliviano -para poner un ejemplo- tiene a Velarde como padre. Mucho comerciante puneño se ha hecho un poco más rico. En alguna columna pasada deslicé que si los historiadores económicos son justos, mañana más tarde hablarán del "ciclo Velarde".Aunque el peso económico de la ilegalidad en minería aún no tenga detalles finos, de acuerdo con un informe del Instituto Peruano de Economía, solo el oro ilegal representa alrededor de US$12.000 millones. Estamos entonces ante una industria, una larga cadena productiva que tiene productores, compradores, financistas, transporte, etc. A estas alturas, nadie con dos dedos de frente debería dudar de que una parte de semejante dineral fluye hacia la política en todos los niveles.Pero el problema de la minería ilegal no es solo un problema económico, de seguridad o político, sino también un problema moral y social que corroe la unidad de la nación y la democracia. Una industria ilegal e informal como la aurífera -que representa más de US$12.000 millones- no puede funcionar sin la permisividad o anuencia tanto de la economía legal como de la corrupción en diversas instituciones e instancias del gobierno. Como tampoco puede funcionar sin la laxitud de la sociedad en su conjunto. Para decirlo de otra manera: no cabe la denuncia o la indignación contra la ilegalidad o la informalidad en la minería (y todas las externalidades negativas que produce) si a la vez se hacen negocios o se está tomando un trago en una playa al sur de Lima con quien es sospechoso de camuflar producción ilegal manchada con sangre.