Lo adelantó el 2 de diciembre, cuando se presentó ante la comisión parlamentaria que investiga los presuntos actos de corrupción cometidos durante su gobierno. Entonces, el ex presidente Alejandro Toledo sostuvo que él y su esposa, Eliane Karp, estaban dispuestos a responder a las preguntas que les formulara el grupo de trabajo, pero advirtió que lo harían por vía consular debido a su recargada agenda de compromisos internacionales.En la víspera, Toledo reiteró esta posición arguyendo que, a su entender, la orden de impedimento de salida del país que emitió en su contra la magistrada Lizárraga, semanas atrás, implicaría que tampoco puede entrar a territorio nacional. Su curiosa interpretación de la disposición judicial recibió la inmediata respuesta del titular de la comisión investigadora, Isaac Serna, quien -en diálogo con Perú.21- adelantó que su grupo evaluaría solicitar, ante el juez especializado en lo penal, que se practiquen los apremios del caso, lo que implicaría que Toledo sea conducido por la fuerza pública.