Por María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente. Un privilegio es un derecho especial que una persona tiene y que le permite acceder a recursos, oportunidades o a un trato diferenciado. Es decir, la pone por encima del resto de las personas. Para nuestros políticos de izquierda, haber ido a un colegio de élite, haber estudiado en una universidad en el extranjero o incluso nacer en una familia rica es considerado un privilegio. Y sin duda lo es. Pero también es un privilegio trabajar en una empresa que da bonos, préstamos sin intereses y cubre los costos de alimentación para las vacaciones, y da apoyo de escolaridad para los hijos hasta los 25 años. Cuando esa es una empresa pública, estos beneficios dejan de ser un privilegio para convertirse en un abuso.Petro-Perú es la empresa que ofrece todas estas gollerías y más a sus trabajadores, pese a estar quebrada y haber recibido S/17.000 millones del Estado entre el 2022 y 2025. Monto que equivale al presupuesto anual de Essalud y que no ha servido para poner a flote la compañía o siquiera reducir considerablemente sus deudas. De hecho, Petro-Perú sigue acumulando pérdidas, con proveedores con deudas enormes y funcionarios agarrados con uñas y dientes a sus privilegios.Si la petrolera estatal fuese una empresa privada, hace tiempo que hubiese sido reestructurada o liquidada, porque ningún empresario mantiene una compañía que genera pérdidas millonarias año a año y cuya situación no puede revertirse en el corto plazo. Pero como es una empresa pública, siempre puede voltear con la mano extendida a pedirle una ayudadita al MEF.