Un caso que parecía inverosímil cuando salió a la luz, en el 2022, ha vuelto a cobrar fuerza. Charles Acelor, quien cumplió 15 años de prisión por vender armas a las FARC, presentó una demanda contra el Perú ante el ICC International Court of Arbitration exigiendo US$7.500 millones de indemnización. Tres años después, el proceso no solo sigue en curso, sino que ha empezado a sumar respaldos políticos a favor del ex socio del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos. Entre ellos figuran nombres de candidatos y excongresistas: Carlos Almerí, Jorge Rimarachín, Américo Prieto -hermano del actual ministro de Transportes y Comunicaciones- y Omar Chehade.Documentos obtenidos por la Unidad de Investigación de El Comercio revelan que las declaraciones juradas de estas exautoridades fueron legalizadas notarialmente e incorporadas en el 2024 al expediente que la defensa del empresario francés presentó ante el tribunal arbitral. En los escritos se sostiene que, durante los gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, el Estado Peruano habría "evaluado una salida conciliada" que incluía un pago a favor de Acelor por una supuesta "condena injusta".Uno de los principales sustentos de la demanda es un documento del 2022 en el que supuestamente el Perú habría reconocido responsabilidad y aceptado una conciliación millonaria. Sin embargo, para el Estado se trata de un instrumento abiertamente apócrifo, pues contiene una clara falsificación de la firma del procurador supranacional, Carlos Reaño, además de un sello notarial falso de una notaría de Pucallpa. A ello se suma un elemento clave: ningún procurador especializado tiene competencias legales para suscribir compromisos económicos de esa naturaleza en nombre del Estado.
- [El Comercio,Pág. 4] /