Por Raúl Benavides Ganoza, director de la Compañía de Minas Buenaventura.Cuando uno conversa con emprendedores y ejecutivos en el Perú, el diagnóstico suele repetirse:emprenderes lento, caro y complicado. Los permisos y regulaciones hacen que casi cualquier iniciativa demore más de lo razonable y cueste mucho más de lo necesario. Este problema existe en muchos sectores, pero alcanza su máxima complejidad en la minería, donde la cantidad de requisitos, autorizaciones y supervisiones puede volver prácticamente inviable operar dentro de la legalidad.Es importante hacer una distinción clave. No todos los mineros informales están vinculados a actividades criminales como el lavado de dinero, la explotación laboral o el daño ambiental deliberado. Muchos son actores que quedan atrapados en un sistema que hace casi imposible cumplir la ley. Cuando la formalidad exige años de trámites, altos costos y una incertidumbre constante, la informalidad deja de ser una elección y se convierte en una salida forzada.Ser formal en el Perú es difícil por dos razones principales.La primera: desde el Congreso, ante cada problema se responde con más leyes, sanciones y restricciones. En lugar de facilitar el cumplimiento, se eleva la barrera de entrada a la formalidad. La segunda: desde la administración pública, los funcionarios agregan capas de reglamentos y requisitos, muchas veces para protegerse ante auditorías o responsabilidades legales.Así, pueden decir que "pidieron todo" si algo falla. El resultado es un sistema burocrático enredado, que no resuelve problemas reales y termina generando incentivos perversos.(Edición domingo).
- [El Comercio,Pág. 46] /