En los últimos años, los descomunales ingresos que mueve la minería ilegal han opacado parte de la discusión sobre el resto de la economía ilícita y su infiltración en el aparato público. Esto es un error. Más bien, en la erosión del sistema democrático y del Estado de derecho las economías ilegales se potencian mutuamente. Una de estas actividades es la pesca ilegal. De acuerdo con un reporte publicado ayer por la Unidad de Investigación de El Comercio, al menos dos candidatos al Congreso tienen una trayectoria que los vincula con este negocio. Uno de ellos es César Sánchez Ulloa, quien lleva el número 1 al Senado por Áncash en las filas de Alianza para el Progreso (APP). Sánchez carga con 35 resoluciones del Ministerio de Producción en las que se le impone multas por pesca ilegal a empresas de su entorno inmediato. Vale notar que APP logró colocar a una congresista por Áncash en las elecciones pasadas.(Edición domingo).