El titular del Sexto Juzgado Anticorrupción, Saúl Peña Farfán, precisó ayer que la ley le da un plazo de hasta 15 días para determinar si declara procedente o improcedente la denuncia que en la semana hiciera el fiscal Arturo Chalco contra Margarita Toledo y otras 25 personas por los supuestos delitos de falsificación de documentos, contra la tranquilidad pública y asociación ilícita para delinquir.Señaló que también cabía la posibilidad que tras calificar dicha denuncia pudiera devolver el expediente a Chalco para que entregue, si faltase, mayores evidencias que demuestren que los involucrados cometieron dichos delitos.Añadió que lo mismo podía ocurrir con el caso que involucra a siete funcionarios de la Dirección de Migraciones, a quienes denunció Chalco por facilitar a la testigo Carmen Burga y a sus familiares la obtención irregular de sus pasaportes para que fugaran del país.A su vez, el presidente de la comisión investigadora de la falsificación de firmas, congresista Édgar Villanueva (PA), reveló que había aparecido un quinto testigo, pero que este no se animaba a rendir su testimonio porque no contaba con las garantías del caso.