Por David Tuesta.La situación financiera de Petroperú debe analizarse con rigor. La empresa enfrenta tres frentes de obligaciones: (i) pasivos de corto y mediano plazo con proveedores, contratistas y trabajadores; (ii) deuda financiera de largo plazo -bonos internacionales y créditos estructurados-; y (iii) pérdidas operativas recurrentes que han debilitado su patrimonio y su capacidad de cobertura de intereses. Esta combinación es típica de un problema de solvencia corporativa, no de finanzas públicas. Que Moody’s haya endurecido recientemente su calificación resulta, como mínimo, tardío y extraño. Los fundamentos de riesgo eran visibles hace tiempo: gobierno corporativo politizado, directorios designados sin criterios técnicos consistentes, alta interferencia política y un perfil de apalancamiento elevado. Cuando la gobernanza es débil y la disciplina financiera es laxa, el riesgo de no pago aumenta. Por tanto, cuando se adquirieron los bonos o financiaron a la empresa, lo anterior estaba en los estados financieros y en la estructura institucional de la empresa.La deuda de Petroperú no es deuda soberana. Los bonos fueron emitidos por una empresa, bajo su propio riesgo crediticio. El concepto de "cuasi soberano" es pura jerga de mercado. Sirve para describir "expectativas de apoyo", pero no crea obligación alguna para el Estado. Los inversionistas sabían -o debían saber- que compraban deuda de una empresa estatal con gobernanza frágil y fuerte exposición política. Aceptaron ese riesgo a cambio de mayores rendimientos. Eso es la prima por riesgo. Pretender ahora trasladar esa decisión privada a los contribuyentes constituye un caso de libro de texto de riesgo moral: privatizan las ganancias, pero quieren socializar las pérdidas.Tampoco sería un hecho extraordinario que una empresa renegocie con sus acreedores si es que Petroperú tuviera que hacerlo.