Por Diego Macera. Hagamos un experimento mental. De acuerdo con cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE), el año pasado las exportaciones de oro ilegal habrían sido cerca de US$12.000 millones (monto parecido al de toda la agroexportación nacional). Partiendo de ahí, digamos ahora -solo por seguir el juego- que todos los agentes de la cadena de producción y comercialización tienen plena capacidad de coordinación y trabajan en equipo. Así, ellos se juntan una vez al mes en las solemnes sesiones de la Asociación de Productores Informales de Oro, conocida como APIO. El presidente de APIO, en la última reunión, dijo que iba a solicitar a todos los miembros contribuir con solo el 2% de su facturación anual. Era, mencionó, una inversión en la sostenibilidad del negocio. Además, con todos los costos tributarios, regulatorios y laborales que se ahorran en su día a día comparados con los productores formales, ese porcentaje era mínimo. Luego de idas y vueltas, el gremio efectivamente logró reunir el 2% de la facturación anual, equivalente a unos US$240 millones. El objetivo, lógicamente, es ganar las buenas voluntades de diferentes actores de la sociedad relevantes para su actividad. ¿Qué se puede comprar en esa cantidad gigante de dinero, que además tendrá recurrencia anual? Para caminar a paso seguro, se contrató a una consultora que les realizó el siguiente plan. (Edición domingo)