Muchas de las críticas sobre el manejo de Petroperú cuentan con sustento. La acumulación de deuda, los problemas de liquidez y las decisiones de gestión forman parte del diagnóstico técnico. Uno de ellos es que la empresa registra una deuda cercana a 8.100 millones de dólares, equivalente a cuatro veces su patrimonio, y un déficit de capital de trabajo estimado en 1.500 millones de dólares. Sin embargo, a ese cuadro se suma hoy un proceso distinto y de mayor alcance: el riesgo de paralización de la empresa y el desabastecimiento de combustibles. Surge entonces una pregunta central sobre cuál es el objetivo del Gobierno al restringir incluso un flujo mínimo de caja que permita a Petroperú comprar petróleo crudo para su producción y cumplir pagos a proveedores. En una empresa petrolera, el acceso al capital de trabajo define la continuidad operativa, incluso mínima. Al respecto, vale la pena anotar que el impacto recaería sobre el abastecimiento. En el país, esa falta de combustible para satisfacer la demanda afectará de manera directa a la Amazonía y a la sierra central y sur, territorios donde Petroperú concentra alrededor del 75% del mercado. Un desabastecimiento impactaría de manera no menor en la industria, el transporte y el comercio interno, así como en los hogares que dependen del consumo de balones de GLP. El Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas deberían conocer esta secuencia de efectos inmediatos.