Por Ana Jara. De una revisión flash de los planes de gobierno de los partidos políticos aptos para postular a las elecciones generales 2026, podemos deducir que no incluyen de forma específica en sus planes de gobierno, propuestas programáticas para combatir la minería ilegal, que actualmente junto con el sicariato, la delincuencia común y la corrupción, son los principales flagelos que afectan no solo la seguridad ciudadana, el derecho a la vida, el libre desarrollo de las actividades comerciales y el crecimiento económico del Perú. Sí se recogen -hay que decirlo-, por lo menos entre las organizaciones que a la fecha, de acuerdo a los sondeos de opinión, pasarían la valla electoral, temas vinculados a la minería ilegal, pero enfocados mayormente desde el lado de la formalización, caso Renovación Popular, Fuerza Popular, País para Todos y Ahora Nación. Pero no le dedican un capítulo exclusivo, ni siquiera en consideración de la terrible devastación de nuestra Amazonía y zonas altoandinas, con la depredación del medioambiente, afectación a sus ríos y la biodiversidad, además de la cadena de delitos que concurren con este, caso de la trata de personas y explotación laboral, lavado de activos, financiamiento de actividades terroristas, narcotráfico, entre otros. Es justo decir que, Libertad Popular aborda el tema del combate a la minería ilegal con metas e indicadores claros, pero lamentablemente permanece en el pelotón de Otros en las preferencias electorales.